EXTRACTO DE LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS N° 17250-2021-00194, EMITIDO POR TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

La sentencia emitida el 25 de noviembre del 2021 por el Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito dentro del proceso de garantías jurisdiccionales  N° 17250202100194 que por acción de Hábeas Corpus, interpuso la Fundación INREDH -organización que promueve el respeto y garantía de los Derechos Humanos y de la naturaleza en Ecuador- en contra de la Ministra del Interior, Comandante General de la Policía, Ministro de Defensa Nacional y el  Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, principalmente versa, al tenor del siguiente sumario:

Las abogadas Luisa María Villacís Carrillo, Pamela Chiriboga Arroyo, integrantes de la fundación INREDH y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en representación de los ciudadanos Guamán Yasaca Mario Geovany, Gavino Bladimir Inlago Inlago, Jonny Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago, como accionantes; presentan una  acción constitucional de Habeas Corpus, en contra de la Dra. Alexandra Vela Puga, en su calidad de Ministra de Gobierno; y de la señora Tannya Gioconda Varela Coronel, Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador; solicitando además que se cuente con el Dr. Iñigo Salvador, Procurador General del Estado, En su demanda escrita las abogadas de los accionantes manifiestan en lo principal:  

[…]Los ciudadanos de la referencia fueron detenidos en contexto de paro nacional el 26 de octubre de 2021, Sin embargo, en horas de la madrugada del día 27 de octubre de 2021, las abogadas de la Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos, Sylvia Bonilla Bolaños y Angie Toapanta, quienes se encontraban en la unidad de flagrancia de la ubicada en la Av. Patria constataron su ingreso en dicha unidad, pudieron hablar con ellos y tomar sus datos. La mañana de hoy 27 de octubre de 2021 quienes comparecemos, asistimos a la unidad de flagrancia de la Patria, a solicitar información de las personas detenidas fuimos informadas de que no se encuentran y en dicha unidad, de que habrían sido trasladados sin informar en donde se encontrarían detenidos. Conocemos que tampoco se encuentran detenidos en la unidad de flagrancias de Quitumbe, por lo que se desconoce su paradero y se presume que estarán en un centro ilegal de detención. b) El que no se haya presentado a la persona aprehendida ante la autoridad judicial competente implica varias vulneraciones a sus derechos, dentro de su detención, como las siguientes: a) Incomunicación con familiares y su abogado patrocinador, lo que genera que no tenga acceso al derecho a la defensa, previsto en el Art. 76.7 literales a, b y c de la Constitución de la República, sin perjuicio de la violación del Art. 77.6 de la misma Constitución, al no ser informado de las razones de su detención, ni de los derechos que prevé el Art. 77. 4 y 7 de la Constitución de la República. c) Además de no seguir el curso legal de una detención, y mantener a una persona privada de libertad sin un procedimiento claro, sin determinarse ante qué autoridad será procesado su caso, genera un trato cruel y degradante, tanto más que la detención se encuentra realizada en otro lugar no previsto para detenciones violándose el art. 77.2 de la Constitución. Por ello inclusive dentro de las reglas previstas para el hábeas corpus se determina que la persona detenida debe ser llevada inmediatamente ante una autoridad, conforme el Art 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asimismo, el numeral 1 del artículo 203 de la Constitución prohíbe expresamente privación de libertad de la población civil en cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo. 5.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a privación de libertad durante estados de excepción ha manifestado que con la finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos, el Estado legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida. 6.- El numeral 9 del artículo 11 de la Constitución determina que el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.  7.- Por ello al verificarse el caso de una detención, ilegal, ilegítima y arbitraria presento este hábeas corpus al tenor de lo previsto en el Art. 89 de la Constitución de la República, en concordancia con lo que se establece en los artículos 1, 4, 43 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. […]”.

Calificada la demanda y sustanciada la audiencia pública del Habeas Corpus, el Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito, luego de analizar todas las exposiciones realizadas, y las pruebas actuadas por los accionantes y accionados en la audiencia constitucional de Habeas Corpus, consideró lo siguiente:

“[…] El Art.11 de la carta magna, establece que los derechos se rigen por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades […] 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. […] 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. […]. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. […]”.

Y que el Art. 43 de la LOGJCC , reza; “la acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;  […]; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o  degradante; 5.[…]; 9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención”.

Se realiza el análisis de cada uno de estos presupuestos, con el fin de establecer motivadamente  si hay o no lugar a la aceptación del habeas corpus planteado, teniendo presente la sentencia 2533-16-EP/21, en la que Corte Constitucional manifiesta: “Al tratarse de una acción de hábeas corpus, la motivación de los fallos por parte de los operadores de justicia,  exige un estudio acorde a su objeto y naturaleza, mismo que se encuentra establecido en la CRE, la LOGJCC y desarrollado por la jurisprudencia constitucional.  Para el efecto, al momento de dictar sentencia las y los jueces deben considerar, al menos,  los siguientes parámetros: 1.  Análisis integral.-  Cuando sea alegado o cuando las circunstancias lo requieran las y los jueces deberán analizar (i) la totalidad de la detención, (ii) las condiciones actuales en las cuales se encuentra la persona privada e la libertad y (iii) el contexto de la persona,…”; por lo que establecido que los accionantes recuperaron su libertad, se analiza uno a uno los numerales del Art. 43 de la LOGJCC, aplicables al caso; en relación a lo manifestado por todos los intervinientes en la audiencia, a la prueba documental que se encuentra descrita ampliamente en la parte expositiva de esta sentencia, y no es necesario trasladarla nuevamente a la parte considerativa, pero que fue tomada en cuenta para analizarla por completo y en relación también con la testimonial, cuyas partes más importantes constan a continuación: VILLARREAL TONQUINO JHONNY EDISON, narró en lo principal, que el día de las protestas, ha estado gravando, un militar le ha quitado el celular, le ha subido al bus, le ha roto el celular, le han votado al suelo, le han seguido golpeando, les han pisoteado y dado de toletazos, en el bus les han  puesto el fusil en la cabeza, en la “y” de Tabacundo les han dado traspaso a la policía; les han llevado a Quito, un policía le ha metido un pataso;  MARCO CUASCOTA INLAGO, con juramento manifestó en lo fundamental que han empezado los disturbios, han comenzado a votar gases,   a coger a todos y disparar los militares y los del UMO a perseguir a todos, que se ha escondido a una ferretería, les cogieron, agredieron,  que les han pegado con toletes, con los escudos, en el  bus de los militares, les han trasladado a Tabacundo, la gente se ha alarmado, por ayudarlos, ha pasado de 2 a 3 horas hasta Tabacundo, les han entregado al UMO,  un teniente del UMO les ha dado una empanada y un jugo, les han realizado las evaluaciones médicas, el 27 de octubre, a las 7 ha empezado la audiencia. Que en el bus les golpearon con eso que dispara las balas de goma; que la gente no quería dejar pasar, les han aprehendido a las 5 de la tarde, y les han entregado a las 8 de la noche, porque las vías estaban cerradas, habían tumbado los árboles, con motosierras y por las manifestaciones; ANGIE TOAPANTA, con juramento en lo medular dijo que a eso de las 01h30 a flagrancias ha llegado un bus blanco, se ha acercado, ha preguntado si habían sido detenidos en el contexto del paro, han dicho que si, que venían del Cajas, estaban vigilados por 4 policías del UMO, empujados por la policía,  sucios, que uno tenía el ojo muy golpeado;  INLAGO BLADIMIR, con juramento refirió que los militares y los policías les han agredido, que a él le han cogido del buc, y le han empezado a ahorcar, le han dado puñetes los señores militares,  han dicho que estén en el piso, cuando han subido al bus de la Policía ya hubo descanso, que a lo que les han subido, las amistades y familiares se han desesperado y ahí se han acabado los vidrios del bus,  intentando rescatarles; MARIA FABIOLA CUASCOTA INLAGO, en lo principal con juramento narro que el 26 de octubre del 2021, en la tarde han empezado los militares a disparar bombas para despejar a la gente, que al joven Marco le subían a rastras al bus, no sabe con exactitud si eran policías o militares pero eran vestidos de negro, era un bus blanco, se vinieron a Quito, que han regresado el jueves a Cayambe, los jóvenes sobre todo Bladimir ha estado golpeado; MARIA OLGA INLAGO, con juramento manifestó que en la tarde del 26 de octubre del 2021, le cogen y le llevan, a su hijo Bladimir, que estaba detenido, le han pegado, que su hijo ha estado en Quito pero la audiencia era en Cayambe, el ojo ha estado todito hinchado, el jueves le ha visto pegado, pateado, con el buo que tenía en el cuello le han ahorcado, le ha dicho que los militares le han golpeado.

NUMERAL UNO.- Esto es a no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia.-  En Sentencia 292-13-JH/19, la Corte Constitucional señaló que,  “al conocer una acción de hábeas corpus, los jueces tienen siempre la obligación de verificar que la privación de la libertad no sea o se haya convertido en ilegal, arbitraria o ilegítima y solo una vez constatado esto, podrán negar o aceptar la acción …”. En el caso en concreto, la aprehensión se efectuó conforme el Art 526 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que  cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público, por lo que militares  y policías podían realizar la aprehensión y ponerlos a órdenes a la autoridad competente,  más en un estado de conmoción social como el que ocurrió ese día, sobre todo en ciertos sectores como en Cayambe, y específicamente en el sector de Cajas, donde según manifestó la defensa de la Policía fueron identificadas las personas que en las violentas manifestaciones, ocasionaron daños en bienes públicos y  privados, y personas lesionadas, y han sido aprehendidas; lo que se ha justificado documentalmente a través de los partes informativos, informes técnicos mecánicos,  informes forenses y certificados médicos del MSP.  La  Policía Nacional y el Ejército estaban tratando de restituir el orden público, utilizando el uso progresivo de la fuerza, en aplicación del Decreto ejecutivo 224 de 18 de octubre de 2021, emitido por el Sr. Presidente de la República; por lo que al momento de realizarse la aprehensión, no se trató de una aprehensión ilegal, ilegítima ni arbitraria, en virtud de que los servidores públicos consideraron la flagrancia.  Sin embargo, la Corte Constitucional  En Sentencia 292-13-JH/19, ha señalado que se debe analizar la posibilidad de que con posterioridad, a la detención que inicialmente fue legal y legítima, se hubiera transformado en ilegítima o arbitraria, nuestra Constitución establece que las personas privadas de la libertad deben permanecer en un centro de privación de libertad legalmente establecido, cualquier otro lugar como los cuarteles no se encuentran permitidos, por lo que hacerlo en cualquier lugar que no prevea la Constitución y la ley, constituye una violación a su derecho a la libertad; como lo ha manifestado a Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Galindo y otros vs. Perú, en el que a la privación a la libertad se le dio la figura de alojamiento para su protección. En  el caso que nos ocupa esta situación se probó con prueba testimonial concordante, relacionada, de los accionantes, que refirieron haber sido trasladados al cuartel de la UMO, luego llevados a flagrancias, y cuando Fiscalía no aceptó su ingreso, porque las personas no fueron detenidos en Quito, fueron regresados al cuartel de la UMO, donde los accionantes permanecieron parte de la noche, la madrugada y parte  de la mañana del 27 de octubre del 2021, en el bus policial dentro del cuartel indicado; habiendo prohibición constitucional expresa, con lo que la Policía vulneró su derecho de libertad.  Édison Marco Cuascota Inlago,  indicó que “cuando han llegado a Quito las 11 o 12 de la noche, en el cuartel de la UMO les han dicho que se quedaran quietos, ha llegado un teniente, les ha leído un artículo y les han leído los derechos, que en el cuartel nadie ha sabido por qué estaban ahí y no querían hacerse cargo, que tenían que ir a flagrancias”; Gavino Bladimir Inlago Inlago, refirió “ que les han trasladado al cuartel del UMO, que los policías les han dado patadas, les han halado del pelo, que tenía temor de ellos, que vayan a buscar un látigo o una tabla, que han estado en el frío, que en el cuartel ya no les han maltratado, que les han dicho que en caso de que quieran escapar les iban a disparar en la pierna”; Villarreal Tonquino Jhonny Edison, dijo: “en la y de Tabacundo nos dan el traspaso a la Policía, quisieron lavarse las manos, nos rompieron a todos los celulares, nos llevan al cuartel del UMO, no sabían que hacer con nosotros, nos llevan a Quito, un policía me metió un pataso, a las 12 de la noche nos hacen ponernos de plancha en la cerámica en ese frio, nos trasladan a la fiscalía, no nos quisieron coger, nos regresaron al cuartel del UMO, en un bus resguardado por policías”.  Transformándose a partir de ese momento, la detención que inicialmente fue legal y legítima en ilegítima y arbitraria.

NUMERAL CUATRO.- A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante.-  Durante las manifestaciones, la aprehensión no se produjo de manera voluntaria y pacífica, en la que se hubieron forcejeos, lo que se confirma con el testimonio de la señora María Fabiola Cuascota quien dijo que a Bladimir Inlago le subieron al bus a rastras; entendiéndose que para lograr detenerlos aplicaron el uso progresivo de la fuerza, pero se ha hecho evidente que aún cuando ya se encontraban detenidos, recibieron maltratos, así como lo manifestó la abogada Angie Toapanta, la que observó cuando llegaron a flagrancia que fueron jaloneados y empujados por los policías;  si bien la Comandancia de la Policía presento prueba sobre daños a bienes públicos y privados, lesiones a miembros policiales,  estos son hechos independientes de la acción de hábeas corpus,  que seguramente serán  juzgados por la vía de la justicia ordinaria, y que su producción no justifica de ninguna manera que se realicen actos lesivos contra la integridad física y sicológica, o contra la dignidad de personas que ya se encontraban en calidad de aprehendidos, bajo la custodia militar y policial; porque dicha actitud vulnera los derechos de libertad, integridad y seguridad de las personas privadas de la libertad. Al respecto la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el artículo 2 define a la tortura como: “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.  Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”.  A la fecha de realización de la audiencia pública de habeas corpus, el 29 de octubre de 2021, los 4 ciudadanos accionantes ya no se encontraban privados de la libertad, y según los certificados médicos del MSP, sus condiciones en ese momento eran estables, sin embargo también ingresaron como prueba los informes forenses de 27 de octubre de 2021, realizados por la médico legista, Dra. Isabel Salazar,  en los cuales consta que la perito observa en Inlago Gavino Bladimir y Cuascota Inlago Édison Marco, varias lesiones en cabeza, tórax y extremidades, que les produjeron una incapacidad de tres días; y en Villareal Tonguino Jhonny Édison, lesiones en el tórax y extremidades; con una incapacidad menor de tres días; habiéndole constado al Tribunal la lesión que presentaba Bladimir Inlago en uno de sus ojos, que se encontraba completamente hinchado, totalmente, cerrado color rosado;  de lo que es evidente que existieron las vulneraciones a la integridad física y sicológica a la que se refieren los informes forenses y los testimonios rendidos en la audiencia, que según los manifestado por los accionantes se produjeron en el bus de los militares, donde han sido golpeados, pateados, dados con toletes, y cuya autoría no ha sido desvirtuada de ninguna manera por los servidores públicos,  que los custodiaban durante el traslado de El Cajas a Tabacundo; y que también por la cantidad y localización tan variada o extensa de las lesiones, dan cuenta de los diferentes maltratos de que fueron víctimas los accionantes. En la sentencia del caso No. 365-18-JH, al que la CC acumuló para la revisión de las sentencias los procesos No. 365-18-JH, No. 278-19-JH, 398-19-JH y 484-20-JH, se analizó el alcance del hábeas corpus como garantía jurisdiccional para la protección de la integridad personal frente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito carcelario; haciendo constar: “74. El respeto a la dignidad es el fundamento esencial del derecho a la integridad personal en todas sus dimensiones… La prohibición de la tortura es completa e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”. Los señores  BLADIMIR INLAGO INLAGO,  EDISON MARCO CUASCOTA INLAGO, VILLARREAL TONQUINO JHONNY EDISON, señalaron a los servidores policiales y sobre todo a los militares que los custodiaban en el bus, cuando se encontraban en condición de aprehendidos, privados de la libertad  como los causantes de las lesiones que constan en los informes forenses; Bladimir Inlago manifestó: “me puse a reir cuando dijeron que nos iban a disparar y me dieron una patada en la rodilla”; evidenciándose solo en ese acto, la realización de un acto degradante, tendiente a menoscabar la moral de quienes eran afectados, comprobándose vulneraciones a la dignidad humana, por lo que se invirtió la carga de la prueba, correspondiéndoles a los accionados justificar que no sucedió del modo señalado. Marco Cuascota Inlago  refirió que “les han tenido apuntados con un lanza granada, que les dijeron que si les miraban les disparaban”,  Bladimir Inlago Inlago que “han dicho que se echen al pasillo del bus, que si miraban para arriba les iban a disparar, les han tirado al piso y les han dicho hijos de puta, aquí van a morir, que no han mirado del miedo”, lo que fue referido también por Jhonny Édison Villareal Tonguino.  Amenazas que si bien desde la visión nuestra no iban a ser cumplidas, si tenían la intención de menoscabar sicológicamente a las personas que aprehendidas. En los testimonios se aprecian dos situaciones contradictorias ocurridas el 26 y el 27 de octubre del 2021, porque también los accionantes hacen referencia a ciertos servidores policiales y militares, que actuaron correctamente, así Marco Cuascota narró que un militar le dio una pastilla, otro le cubrió con el escudo para protegerlo de una piedra, que un policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden,  les compro de su dinero jugo y empanadas, que el policía José Toaquiza les prestó su teléfono para que llamaran a los familiares, lo que se considera también por comunidad de la prueba; pero todos estos actos, no desvirtúan los tratos vejatorios y las lesiones producidas, por sus compañeros a personas privadas de la libertad; el Art. 4. 2 del protocolo facultativo a la convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, mismo que señala, “entiéndase por privación de la libertad, cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no puede salir libremente”.

Conforme la Corte Constitucional, en sentencia No. 365-18-JH, al referirse a la prohibición de toda clase de tortura, dice en el numeral “76… reitera que esta prohibición debe ser considerada como una regla de carácter absoluto, pues no admite justificación razonable alguna para infringirla, ni siquiera en estados de excepción, guerra u otras situaciones de conmoción social y en el ámbito de los centros de privación de libertad”… En suma, no hay margen de ponderación alguna que relativice esta prohibición. 77. En este sentido es obligación del Estado prevenir, investigar y sancionar toda forma de tortura y trato cruel inhumano o degradante”; la Corte Constitucional se ha hecho eco del criterio expresado por la Corte IDH, “que corresponde a las autoridades estatales, dar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar la presunción de la responsabilidad del Estado por las lesiones que presenten las personas privadas de la libertad, mediante elementos probatorios adecuados en los procesos a que hubiere lugar”. En el presente caso la prueba documental presentada por la Policía Nacional, ha abonado para determinar que el procedimiento de la aprehensión hasta su liberación fue legal; pero no alcanza para desvirtuar lo que los accionantes con su prueba testimonial han podido establecer que son los tratos crueles y degradantes, afectándose los derechos conexos a la integridad de las personas, e incluso a la misma integridad que se vio afectada cuando Bladimir Inlago Inlago, aunque sea por pocos días se encontraba afectado en cuanto al funcionamiento de un órgano como el ojo .

NUMERAL 9.- A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana.-  Según lo manifestó en su testimonio la abogada Angie Katerine Toapanta Ventura, miembro de la alianza de organizaciones de derechos humanos, a la que pertenecen también las Abgs. Luisa María Villacís Carrillo y Pamela Chiriboga Arroyo, manifestó que el 27 de octubre del 2021, a la 01h30, se encontraba en la unidad de flagrancia, que se ha puesto en contacto con los aprehendidos ahora accionantes, y ha obtenido sus datos, sin que la policía o algún otro servidor público le haya impedido hacerlo; que el señor Villareal Tonguino Jhonny Édison, le proporcionó el número telefónico de su papá, con lo que según sostuvo les habían rastreado;  la señora María Fabiola Cuascota quien dijo ser dirigente de la comunidad, indicó que cuando los detuvieron en Cayambe pidió ayuda a la Fundación; por tanto, a más de las llamadas que hicieron los aprehendidos desde el teléfono del Policía José Toaquiza de la UMO, de llamadas de amigos como en el caso del señor Inlago Inlago a su hermano, y a través de la Fundación de Derechos Humanos, la comunidad y las familias supieron dónde y cómo estaban, es decir no estuvieron ni desaparecidos, ni incomunicados, razón por la que en la audiencia de calificación de flagrancia contaron con su defensa técnica; el señor Inlago Bladimir indicó que los demás se comunicaron, el no, porque se sabía de memoria ningún teléfono, sin embargo la mamá indicó que un amigo le había llamado a su otro hijo y le había dicho que estaba detenido, que envíe los papeles; por lo que se considera sin asidero lo declarado por la señora  Maria Inlago respecto a que desconocía el paradero de su hijo; además, la señora María Fabiola Cuascota, quien estaba en contacto con la Fundación y la defensa de los accionantes, manifestaron que Bladimir Inlago es parte de la comunidad y la comunidad es como una familia, por lo que reaccionaron frente a la detención ; es decir que no se encontraban incomunicados, ni desaparecidos.Los accionantes consideraron que el hacerlos sentar en el piso era vejatorio, sin embargo el Tribunal considera que los militares en el bus les dispusieron permanecer agachados, sentados en el piso, precautelando su integridad, pues inevitablemente si se sentaban en los asientos, hubieran resultado heridos al llegarles alguna de las piedras lanzadas o vidrios rotos, pues de las fotografías constantes en el informe técnico se evidencia que no existe un solo vidrio del bus entero.

RESPECTO AL NUMERAL 10. A SER PUESTA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE INMEDIATAMENTE Y NO MÁS TARDE DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A SU DETENCIÓN”. Al analizar este numeral se presume  la privación de libertad como ilegítima y arbitraria cuando la persona no fuere presentada en la audiencia, cuando no se exhiba la orden de privación de la libertad, o no cumpla los demás requisitos constitucionales y legales.  En el presente caso Guaman Yasaca Mario Geovany, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago, han sido aprehendidos el 26 de octubre a eso de las 17h00; el 27 de octubre han ingresado a flagrancias, y se les ha puesto a órdenes del juez competente a las 17:54, en virtud de lo cual el juez de la causa, en audiencia, efectuada el 27 de octubre de 2021, desde las 18h30,  con la comparecencia telemática de los accionantes, de acuerdo al Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República, no calificó la flagrancia disponiendo su inmediata libertad;  habiéndose extendido boletas de excarcelación, en favor de los 4 aprehendidos, el 27/10/2021, a partir de las 20:35; por lo que según certificación emitida el 28 de octubre de 2021, por el coordinador de la unidad de aseguramiento transitorio patria, y del SNAI, egresaron a las 21h15; dándose así cumplimiento a la disposición de la Convención  Americana de Derechos Humanos, que en su Art. 7, respecto a las garantías básicas para salvaguardar la libertad personal, prescribe: “…5. Toda persona  detenida o retenida debe ser llevado sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho  ser jugado dentro en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Es necesario aclarar que el traslado a la ciudad de Quito, y la demora hasta su libertad, se debieron a la imposibilidad física de ingresar a Cayambe, que es la jurisdicción en la que se produjeron los hechos, y cuyo juez es el competente, porque tanto las vías de entrada como de salida a Cayambe estaban totalmente interrumpidas, encontrándose en ese sector, una gran concentración de personas manifestando ejercer su derecho a la protesta; lo que obligó a que deban ser traídos a Quito, por la seguridad de todos; debiendo los militares  que abrir el paso en la vía que estaba bloqueada en varios  lugares, lo cual se ha probado con los testimonios de los accionantes, habiendo llegado a las 8 de la noche a Tabacundo, donde fueron entregados a la Policía, quienes les leyeron sus derechos. Pretender ingresar a Cayambe no solo que hubiera sido imposible sino irresponsable, pues el bus de las fuerzas armadas que los transportaba, sufrió graves daños; como se probó con los informes técnicos mecánicos y la prueba testimonial.[…]”

En virtud del análisis de la referencia el Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito, emite la siguiente sentencia:

 “[…] Por las consideraciones expuestas y de conformidad con los Arts. 17 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y demás normas constantes de esta sentencia, este Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta la acción de hábeas corpus propuesta por  las abogadas Luisa María Villacís Carrillo y Pamela Chiriboga Arroyo, en representación de los ciudadanos Mario Geovany Guaman Yasaca, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Édison Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago,  en contra del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, al haber vulnerado el derecho a la libertad, y a la integridad física y sicológicas de los accionantes, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución  y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Por lo que se DISPONE:

1. Que a través de las instituciones del MSP, se les valore física y sicológicamente a los señores Mario Geovany Guaman Yasaca, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Edison Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago; y de ser necesario se realice los tratamientos correspondientes hasta su total recuperación.

1. Que se oficie a La Fiscalía a fin de que inicie e impulse las investigaciones sobre los hechos que se han revelado en la presente audiencia y en los que ha comprometido la integridad física y sicológica de los señores Mario Geovany Guaman Yasaca, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Edison Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago, mientras se encontraban aprehendidos, los días 26 y 27 de octubre del 2021.

2. Remítase oficios a los Funcionarios correspondientes de la Policía Nacional y Comando Conjunto de las fuerzas Armadas, a fin de que se publique en su respectiva página electrónica de cada institución, el extracto de la presente sentencia, para conocimiento de todos los funcionarios.

3. Se dispone a los señores Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Policía Nacional, para que a través de los funcionarios que corresponda, se incluya la presente sentencia como parte del contenido de los programas de formación de sus miembros.

4. Se dispone que a través un comunicado publicado en un lugar visible del portal web de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ofrezcan disculpas públicas; a los señores Mario Geovany Guaman Yasaca, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Edison Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago, por haber vulnerado su derecho a la integridad personal y a la libertad; al no haber garantizar un trato digno y humano a las personas privadas de su libertad.

5. En el término de 30 días se hará conocer al Tribunal sobre el cumplimiento de la presente sentencia.

Suscriben la presente sentencia, la Dra. Silvana Lorena Velasco Velasco, Jueza; Dra. Mabel del Pilar Tapia Rosero, Jueza; y, la Dra. Olga Azucena Ruiz Russo, Jueza.